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La dinamización del mercado de trabajo y la Administración autonómica digital

(Puedes leer también este artículo en la revista MuyComputerPro así como otros relacionados con la transformación digital y, en general, sobre tecnología)

España se ha consolidado en un Estado social y democrático de derecho como así se consagra en su Carta Magna. Desde un punto organizativo, partiendo de una distinción teórica entre estados unitarios y compuestos, podríamos considerar el caso español englobado en los segundos. Ha evolucionado hacia un estado autonómico diferenciado del resto de sistemas federales como podrían ser el caso alemán o el italiano, de marcada asimetría. Este marco organizativo debe estar en consonancia con los recursos que dispone un Estado para poder ser gobernado de la mejor manera. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde la economía en red toma un papel excepcional y las comunicaciones entre todos los actores que participan exigen transparencia y cooperación. La economía sufre una fragmentación debido a los muchos ecosistemas diferentes que ha de acometer y que, a buen seguro, le resta eficiencia y emprendimiento. Es por ello esencial un marco normativo que acometa este reto de manera óptima.

Según la propia Constitución en su artículo 2, España se basa en la indisoluble unidad de la nación española, patria indivisible reconociéndose las nacionalidades y regiones que se integran. La Constitución, a su vez, dedica un título específico a la Organización Territorial. Allí se recogen como entidades propias a los municipios, provincias y las comunidades autonómicas que se constituyan. Este deliberado enfoque aperturista ha dado lugar a 17 comunidades autónomas muy heterogéneas. El estatuto de autonomía es la norma de más alto rango que indica la denominación, las delimitaciones, las instituciones y las competencias que se asumen. La organización administrativa autonómica ha podido encontrar inspiración en la estructura de la Administración General del Estado. De esta manera, se encuentran asambleas legislativas, tribunales superiores de justicias y consejerías para llevar a cabo el poder ejecutivo. Las competencias que pueden ser asumidas vienen recogidas en el artículo 148 de la Constitución Española destacando, por su capital importancia, la sanidad y la educación. El artículo 149 marca una imposibilidad por parte de las autonomías para poder asumir ciertas competencias que son exclusivas del Estado como por ejemplo, la defensa, seguridad nacional, legislación básica, etc.

Las comunidades autónomas para el ejercicio de sus competencias deben de gestionar sus recursos con eficacia y racionalidad económica. Al ser los recursos finitos, es normal que surjan conflictos de intereses entre regiones vecinas. Esto desencadena una fragmentación en los mercados que, a buen seguro, merma el emprendimiento y la dinamización de la economía en su conjunto. En un momento de crisis económica en el que estamos, es aún más necesaria la garantía de unidad de mercado.

El crecimiento económico producido desde 1999 al 2007 debido, en gran parte, al boom inmobiliario y a la excedencia en el crédito llevó a España a una tasa mínima de paro del 8,4%. La explosión de la burbuja ha desencadenado una destrucción de empleo llegando a una tasa máxima del 27,3%. Las políticas económicas que se pusieron en marcha fueron, esencialmente, de dos tipos. En un primer momento, de corte keynesiano (líneas de crédito ICO, Plan E…). En un segundo momento, se tomaron políticas de austeridad promoviendo la simplificación y la reducción del gasto. Es de destacar, el plan CORA de Reforma Administrativa y la Oficina OPERA para el seguimiento de su ejecución. En este sentido, también se desarrollaron políticas específicas sobre el mercado de trabajo como por ejemplo la ley 35/2010 de medidas de reformas urgentes sobre el mercado de trabajo y la ley 3/2012 de medidas de reformas urgentes sobre el mercado laboral. Todas ellas con el objetivo de buscar un empleo estable, flexible y de protección al desempleado. Finalmente, es de destacar el Real Decreto 3/2015 del texto refundido de la ley de empleo donde se hace especial foco en el Sistema nacional de Empleo. Esta norma conjuga el estado autonómico y su impacto económico al desarrollar de manera cooperativa tanto al Servicio Estatal Público de Empleo como sus homólogos de sus comunidades autónomas. En este sentido, se persigue alinearse con la Estrategia Europea de Empleo desarrollándose la Estrategia de Activación Española de Empleo así como distintos Planes Anuales de política de empleo.

La garantía de mercado también tiene su reflejo en el ámbito supranacional. Así, siguiendo el plan Europa 2020 y la Agenda digital europea, se encuentra el Mercado único digital y el índice DESI. Según el informe ONTSI de 2015 “La Sociedad en RED”, España se encuentra en 0,52 puntos sobre 1. En particular, destaca en los servicios públicos digitales y se encuentra rezagado en la integración con la economía digital con 0,34 puntos.

España se encuentra en una situación económica marcada por un PIB de 1,1 billones y cuya deuda, debido a las políticas de endeudamiento, está prácticamente igualada. La comisión europea estima un déficit de un 3,4 % que es uno de los retos económicos a lograr inminentemente. Las políticas económicas del mercado de trabajo y dinamización de la economía y garantía de mercado están impactando en una cierta mejoría. Por ejemplo, el paro ha bajado a un 18,5 % y la prima de riesgo, de 638 puntos máximos, se encuentra en una horquilla de entre 100 y 150 puntos en los últimos dos años. En los índices IDH de desarrollo Humano y de Competitividad, se encuentra en el primer tercio en el conjunto de todos los países.

No debe olvidarse el papel que las TIC (tecnologías de la Información y las Comunicaciones) están teniendo en su papel vertebrador autonómico y dinamizador de la economía. Las leyes 39/2015 y 40/2015 sobre el procedimiento administrativo y el régimen jurídico de las Administraciones públicas suponen un antes y un después en este sentido. De esta manera, desarrollan instrumentos de cooperación entre las distintas administraciones racionalizando los gastos mediante el uso preferente de las TIC.

La dinamización de la economía en el Estado autonómico español no puede entenderse sin la ley 11/2013 de emprendimiento y estímulo del crecimiento. En ella, se fomenta la formación del emprendedor, la financiación y la lucha contra la morosidad. Asimismo, deberá de alinearse con la ley 14/2013 de emprendimiento e internacionalización. Ciertamente, es fundamental proteger al emprendedor mediante ayudas fiscales y financiando su proyecto mediante el impulso de la contratación pública. Asimismo, minimizar las cargas administrativas para la puesta en marcha de los proyectos en todo el territorio español tiene un impacto económico capital.

La libre circulación de bienes está recogida en la constitución en su artículo 139. En este sentido, es de destacar la directiva 2000/123CE de servicios y su reflejo nacional en la ley 17/2009. La ley 20/2013 pretende minimizar la fragmentación de mercados que existen en el estado autonómico actual bajo una premisa rigurosa: la cooperación y respeto a las autonomías. En este sentido, los principios rectores de la ley son: 1) eficacia para una racionalidad económica real; 2) transparencia. Es fundamental que haya claridad en los procesos para agilizarlos; 3) no discriminación entre operadores y 4) cooperación tanto inter administraciones como intraadministración. Asimismo, se crea el consejo de Garantía de Mercado para el seguimiento y buena ejecución de dicha ley.

En resumen, vivimos en un mundo globalizado donde la tendencia marcada desde Europa es la unidad de mercado. España se ha consolidado en un Estado Autonómico digital que se esfuerza para perseguir que la fragmentación económica existente se reduzca a favor de una dinamización de la economía. La crisis económica ha exigido medidas concretas de garantía de unidad de mercado basándose en la necesaria cooperación entre el Estado y las Autonomías. Las tecnologías de Información y las comunicaciones juegan un papel vertebrador en la consolidación de nueva Administración digital.

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Protección institucional al ciudadano frente al abuso de las agencias inmobiliarias

¿Esta usted de acuerdo, como inquilino, en pagar una mensualidad a una agencia inmobiliaria cuando el servicio se lo presta al casero?

Aprovechando la plataforma DecideMadrid de participación ciudadana, he aprovechado para expresar, a mi juicio, una situación abusiva que vivimos los ciudadanos frente a una posición preferente por parte de las agencias inmobiliarias en el alquiler de vivienda.

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Esta es la propuesta.

Pongo a continuación el escrito en todo caso:

  • Introducción

Soy un ciudadano que lleva unos años viviendo de alquiler como tantas personas en Madrid (y en el resto de España). Creo que existe un abuso por parte de las agencias inmobiliarias que perjudica al ciudadano de manera generalizada y que este, individualmente, no puede hacer nada más que someterse. Por ello, veo la necesidad de una intervención institucional que suavice y equilibre la injusta situación actual que explicaré a continuación.

 

  • Consideraciones previas

Todas las personas y empresas tienen en el derecho legítimo de procurar emprender y mejorar sus proyectos personales y profesionales. Para ello, debe existir un escenario laboral en el que la regulación permita suficiente libertad para emprender actividades laborales y, simultáneamente, exista una protección institucional que impida que tal libertad degenere o produzca abusos en los derechos de las personas. Es difícil de alcanzar un equilibrio pero, al menos, todos estamos de acuerdo en este objetivo. Una prueba de ello es la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Mi propuesta no tiene tanto que ver con el equilibrio entre arrendador y arrendatario sino con la posición preferente de mercado de las agencias inmobiliarias frente al ciudadano en el mercado del alquiler de la vivienda.

 

  • Objeto del abuso

En la actualidad, la inmensa mayoría de las viviendas de alquiler se publicitan a través de grandes portales como “idealista” o “fotocasa”. Cualquier ciudadano que realice una búsqueda de una vivienda, encontrará que, aproximadamente, un 90 % de la oferta es a través de agencias inmobiliarias. ¿Cuál es el problema? Las condiciones para formalizar un contrato implican, en la inmensa mayoría de las veces, pagar una mensualidad a la agencia. Cuando he preguntado a varias de ellas por qué hay que pagarlas, las respuestas han sido del estilo de (cito literalmente): “por el servicio prestado”,  “gastos de comisión”, “honorarios de agencia”, “de algo tenemos que vivir”, “así es como está establecido en Madrid…”, etc.

En realidad, ¿a quién realizan las agencias inmobiliarias el supuesto servicio? En mi opinión, al arrendador ya que este delega en la agencia algunas tareas tales como: enseñar el piso, valorar el perfil del potencial inquilino, confeccionar el contrato, etc. En cambio, ¿qué servicio presta la agencia al ciudadano que aspira a vivir de alquiler? Ninguno. O, mejor dicho, ninguno adicional al que de manera natural (y gratuita, obviamente) le serviría el casero. Es decir, al inquilino, por ejemplo,  le da igual que le enseñe el piso el casero o la agencia; le da igual que el contrato se lo pase el casero o la agencia, etc.

En definitiva, el inquilino, además de pagar las mensualidades y fianzas correspondientes que ya suponen un desembolso muy alto, se encuentra en la surrealista situación de tener que pagar una mensualidad más —importes nada desdeñables como 700€, 800€…— a la agencia por un servicio que esta le presta, eminentemente, al casero. Si este mismo inquilino hubiera tratado directamente con el arrendador, se ahorraría este mal trago injustificado.

Si lo anterior lo hiciera una agencia inmobiliaria particular, a buen seguro, cerraría ya que nadie, en su sano juicio tendría a bien regalar su dinero. Quizás no cerrara si cobrara el servicio al casero, lo cual tiene mucho más sentido ya que es a él, como se ha explicado más arriba, a quien se le presta un verdadero servicio.

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¿Por qué se produce una situación de abuso? Sorprendentemente, esta práctica (cobrar al inquilino una mensualidad) se ha extendido hasta tal punto que las agencias inmobiliarias han cooptado casi la totalidad de oferta en el mercado. No hay más que hacer una simple búsqueda para advertirlo. Con lo cual, ante la (casi) inexistencia oferta de particulares agravada por la necesidad de una vivienda, el ciudadano acaba por someterse a esta abusiva obligación fáctica si quiere aspirar a una vivienda de alquiler.

 

  • Necesidad de ayuda institucional para equilibrar una situación injusta para el ciudadano

Los ciudadanos que buscan alquiler están en esta situación poco tiempo lo cual dificulta enormemente una coordinación, entre ellos, que pudiera encarar la anterior situación. Esto no va a cambiar pues es inherente a la temporalidad de la tarea de buscar casa. Por ello, es imprescindible que los poderes públicos acudan en ayuda de sus ciudadanos no para beneficiarles sino para equilibrar una situación que, a todas luces, es abusiva.

Si un buen gobierno tiene entre sus objetivos el interés social, esta sería una oportunidad sencilla de llevar a término, ética y razonable. Asimismo, ayudaría a dinamizar mucho más el mercado inmobiliario.

 

  • Propuesta

Intervención del Ayuntamiento en equilibrar esta situación abusiva para el ciudadano (por ejemplo, impidiendo que se cobre al inquilino o fomentando que se cobre al casero… Me consta que en otras partes de España [Galicia…] así es)

Iglesia y Democracia. Ventajas e inconvenientes

La religión cristiana democratiza

La religión ha tenido y tiene un peso específico en su relación con la política y sus consecuencias democráticas. En particular, el cristianismo ha jugado un papel destacado desde sus orígenes aportando una idea de equidad: todos los hombres son iguales ante Dios. Este mensaje democratizador es decisivo en las sociedades clásicas que bebían de la tradición platónica y aristotélica en donde se defendía sin fisuras —sobre todo en el caso del Aristóteles— distinciones vitales tales como la ciudadanía, la esclavitud… En este sentido, San Pablo en la “Epístola a los Gálatas” 3:28, escribe que “ya no hay […] esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”[1]. Con la conversión del emperador Constantino, el cristianismo se posicionó de manera respetuosa con el poder político bajo la premisa de que este provenía del poder divino. Esta legitimidad exigía obediencia (como el mismo Pablo sostuvo en la “Epístola a los Romanos”).

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Iglesia y democracia. Visión de San Agustín y Tomás de Aquino

Unos siglos más tarde, San Agustín se volvía a interrogar por la pregunta que se habían planteado Platón y Aristóteles en las obras “La República” y “La Política”, respectivamente: ¿cómo es un estado ideal? El de Hipona responde que este debe regirse bajo una verdadera justicia: la divina[2]. ¿Es necesario un estado? Para San Agustín, así es, pero no debido a la naturaleza egoísta del hombre —como defendería años más tarde Hobbes— sino debido al pecado original. La consecuencia es la necesidad de un estado que corrija el desvío del hombre y que aplique el correspondiente castigo.

Razón distinta daría santo Tomás de Aquino a la anterior pregunta aunque fuera también positiva: hace falta, efectivamente un estado pero porque —como defendía Aristóteles— el hombre es un animal social y tiende, de suyo, a organizarse. La influencia aristotélica hacia la naturaleza es de tal fuerza que le hace distinguir a Tomás de Aquino dos tipos de leyes: las humanas y las naturales en las que se inspiran las primeras —con el propósito de mejorar la conservación de la vida—. El corte cristiano se muestra patente ante la pregunta de la obediencia a la ley: se debe desobedecer toda ley humana en contra de Dios. En cambio si no incurre en lo anterior pero es injusta, recomienda —por razón de evitar escándalos o desórdenes[3]— su cumplimiento si bien entiende que no es exigible para quien, en justa conciencia, así lo considere. Ante la pregunta de cuál sería la mejor forma de gobierno, en su obra “Summa Theologica”, Tomás de Aquino defiende una combinación de las formas que Aristóteles explicaba en su “Política”. Petrucciani (2008) lo sintetiza de la siguiente manera:

El poder del gobierno debe poseerlo una autoridad única (monarquía); esta debe estar flanqueada por un amplio cuerpo de ciudadanos calificados (como en la aristocracia); además, de conformidad con el principio democrático, estos gobernantes, dotados de cualidades que los hacen idóneos, deben ser elegidos en el ámbito del pueblo y por el pueblo mismo. No obstante, el pensamiento de Tomás presenta un sesgo distinto en De Regno (conocida también como De regimine principum), obra enviada al monarca de Chipre. Aquí sostiene Tomás que el gobierno de uno es preferible al gobierno de muchos, y aduce numerosas razones al respecto.

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¿Cómo maridar el poder político y el religioso?

La influencia religiosa de los anteriores autores no se ocultaba en los matices de subordinación que procuraban otorgar, en justa conciencia, por respeto a una dimensión más elevada a la que el poder político terrenal debía supeditarse. Esto comenzó a diluirse a partir de Dante que, en su obra “Monarchia”, con sumo respeto no dudó en plantear otro escenario: el poder secular no debe subordinarse el divino. En este sentido, Guillermo de Ockham también horada el poder divino al poner en entredicho la plenitud papal sobre “las cosas temporales y defiende la emancipación de los cristianos respecto de las pretensiones del pontífice de dictar ley también en el ámbito político, que ocasionarían la peor de las tiranías” (Petrucciani, 2008). Una última pincelada en este bosquejo es la ruptura que Martin Lutero provocó en el primer tercio del siglo XVI al sostener el principio del “libre examen” según el cual, todo cristiano está capacitado para interpretar los textos sagrados. Esto socavaba la necesidad de los sacerdotes como intermediarios entre Dios y los hombres. Para llevar a cabo esta empresa, Lutero necesitó de un gran apoyo de los príncipes en su lucha contra Roma, como símbolo religioso europeo. Esto no fue gratuito ya que, a su vez, tuvo que defender la autoridad pública con toda la fuerza necesaria para aplacar las eventuales desobediencias civiles.

[1] Gálatas 3:28

[2] Ciudad de Dios, XIX.

[3] Petrucciani (2008)

 

Bibliografía y webgrafía

 

  • PETRUCCIANI, Stefano (2008). Modelos de filosofía política. Ed. Amorrortu.
  • WEBER, Max (2007). La política como profesión. Biblioteca nueva.
  • SAN AGUSTÍN (1994), Ciudad de Dios. Ed. Porrua. Madrid.

Madrid: democracia y transparencia

Tradicionalmente la esfera pública ha sido terreno cooptado por un conjunto de agentes legítimamente designados (circunscribiéndonos a las democracias actuales) a través de la delegación del poder del pueblo a los representantes políticos. Estos tendrían una acción directa en la formación del gobierno correspondiente y otra más indirecta En su vertiente más administrativa mediante el aparato institucional del que se sirva el poder público. Benkler (2007) denomina esfera pública como el “conjunto de prácticas que los miembros de una sociedad usan para comunicase acerca de asuntos que consideran de interés público y que demandan potencialmente la acción o el reconocimiento colectivos”. La modernización de las Administraciones Públicas al incorporar las TIC a sus procedimientos está configurando un nuevo paradigma de interacción.

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¿Cómo influye Internet en la esfera pública? Este espacio que parecía restringido exclusivamente a los mencionados agentes, se despliega permitiendo la entrada a la participación de los individuos. Se produce un empoderamiento que se materializa a través de la mayor actividad ciudadana en foros, en chats, en los medios de comunicación digitales (comentando artículos, por ejemplo), compartiendo su opinión en las redes sociales, difundiendo su conocimiento e inquietudes mediante blogs… Habermas define la “esfera pública” como una red para comunicar información y puntos de vista. Esta definición es algo vaga pues pretende abarcar cualquier esfera pública desde una autoritaria (con un control férreo de las redes y de la información) hasta una democracia plenamente consolidada.

¿Qué características debería de poseer una esfera pública digital deseable? Apoyándonos en Benkler (2006), distinguimos las siguientes: a) Inclusión universal. Todo ciudadano que tenga inquietudes sobre la cosa pública debería poder ser escuchado. Evidentemente, en una población habrá tantas opiniones como individuos y el gobierno no puede dedicar su tiempo a escuchar cada petición. Para salvar este escollo Benkler (2006) habla de la necesidad de un b) filtrado de lo que es importante para la comunidad. Distingue entre dos tipos de filtrado: de relevancia política y de acreditación. El primero iría encaminado a evaluar qué es interesante colectivamente mientras que el segundo se referiría a analizar si algo merece la pena en sí mismo. Por ejemplo, la propuesta “quiero que el Estado me revise mi declaración de la renta” es un asunto que si bien implica a la Administración pública, no es relevante desde un punto de vista global. En cambio, la propuesta “quiero que las pensiones suban un 500%” sí que influye directamente a un conjunto muy importante de ciudadanos de la misma comunidad pero, por otra parte, no parece una afirmación que se tenga que considerar por su relevancia. El problema radicaría en cómo articular estos mecanismos que permitieran tanto la recogida de propuestas como el filtrado. Benkler no incide más en este aspecto. Hoy en día existen multitud de iniciativas para lo primero. Una de ellas es “Madrid Decide[1], una plataforma desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid y puesta a disposición de los ciudadanos en 2015. Consta de tres ejes principales: participación, transparencia y datos abiertos. Sobre el primer eje, la participación, están planeadas siete novedades entre las que se encuentra “Propuestas ciudadanas” que consta de cuatro pasos: a) debates. Se diseña un espacio donde cada ciudadano puede abrir un hilo donde plantear sus inquietudes. Cualquier otro ciudadano o trabajador del ayuntamiento podrá intervenir al mismo nivel; b) propuestas. Serán planteadas por los propios ciudadanos empadronados en Madrid, previa autenticación en la plataforma. Para que tenga algún efecto, la propuesta tendrá que tener un apoyo del 2% del censo (en torno a 53.000 madrileños). En palabras de Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, exigir cifras de participación superiores (5% – 10%) está comprobado empíricamente que es demasiado pues la dificultad que supone recabar tantos apoyos desincentiva la participación ciudadana ya que muy pocas propuestas pueden llegar a cristalizar. Una vez que se ha alcanzado este quorum mínimo, un grupo de trabajo ad hoc del Ayuntamiento revisa la propuesta y, si lo considera oportuno, la pone a disposición de los ciudadanos para ser votada. Para esta última fase se dispondrá de 12 meses; c) toma de decisiones. Los madrileños decidirán a través de su voto si efectivamente quieren que se lleve a término o no una determinada propuesta; y d) ejecución. Si una propuesta es aceptada mayoritariamente, el “Ayuntamiento la asume como propia y la hace”. A esta iniciativa (I.1 Propuestas ciudadanas) le acompañan otras seis más (aún por desarrollar) [2]:

madrid decide

I.2. Presupuestos participativos. Parte del presupuesto de inversión del Ayuntamiento (el que no está comprometido ya con necesidades básicas como pueden ser los servicios sociales o las emergencias), será reservado para ser decidido su uso por la ciudadanía. La gente hará propuestas, se tasarán las más apoyadas, y luego los ciudadanos decidirán en cuáles de esos proyectos priorizar el presupuesto reservado.

I.3. Legislacion colaborativa. A través de diferentes fases de participación, la ciudadanía tendrá un papel fundamental colaborando directamente en la elaboración de las propuestas, reglamentos, decretos o cualquier otro tipo de trabajo político desarrollado por el gobierno municipal. Una participación real desde el principio al fin del proceso legislativo, desde decidir los expertos en la materia hasta revisar el texto final.

I.4. Co-gobierno ciudadano. Mediante este sistema la ciudadanía podrá decidir las líneas prioritarias de actuación del Ayuntamiento a medio plazo.

I.5. Participación sectorial. La participación ciudadana se va a tratar de manera transversal en todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento, afectando a todos los procesos que se lleven a cabo. Un ejemplo de esto es el proceso de auditoría ciudadana de la deuda, que llevaremos a cabo con el Área de Gobierno de Economía y Hacienda.

I.6. Inclusión, neutralidad y privacidad. Una de las misiones principales del área será velar por la inclusión de todo el mundo en los procesos participativos, para que todas las voces y voluntades formen parte de ellos y no se quede nadie fuera. Para ello, desarrollaremos una mesa de inclusión a la que invitaremos a todos los expertos, colectivos y asociaciones que trabajen con colectivos excluidos, para diseñar las maneras adecuadas de superar estas brechas. La protección de la participación se complementará con la protección de la neutralidad y privacidad en todos los procesos, para asegurar su legitimidad y confianza.

I.7. Innovación social. Pretendemos crear un entorno que movilice la inteligencia colectiva existente en favor de una ciudad más hospitalaria e inclusiva. Espacios donde la sociedad se hable y piense con la administración, con la convicción de que son los ciudadanos quienes mejor conocen sus problemas, y es en lo colectivo donde están los expertos que pueden hallar las soluciones.

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Además de las dos características anteriores, inclusión universal y filtrado, una esfera pública digital deseable debe contar, en palabras de Benkler (2006) de una c) “síntesis de la opinión pública” y de una d) “independencia del control estatal”. En cuanto a la primera, en efecto es necesario que si hay muchas propuestas que traten de temas parecidos se pueda realizar un cierto proceso de debate electrónico donde se vaya puliendo una negociación colectiva que cristalice en una propuesta única. Si no, sería inmanejable. Benkler ya es consciente de lo “espinoso” que resulta llevarlo a cabo y simplemente apunta algunas concepciones que podrían guiar este proceso: Habermas preferiría en una “deliberación sin coerción”; Ackerman “solo admitiría argumentos formulados de modo que resulten neutrales con respecto a las distintas concepciones del bien”; John Rawls defendería negociaciones que alcanzaran una posición coherente… En mi opinión, si bien es una gestión espinosa, no es imposible.

Debemos seguir trabajando en una mayor democracia participativa como defiende Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid:

Es menester facilitar el ejercicio de la función de control y de las comisiones de investigación e impedir abusos en el recurso a los decretos leyes. Así como fortalecer algunas técnicas de democracia participativa como la iniciativa legislativa popular. Los ciudadanos deben poder elegir a otros ciudadanos y no sólo confiar a ciegas en listas de partidos políticos, al tiempo que una sociedad tan plural como la española requiere de unas adecuadas dosis de proporcionalidad en la representación; y existen soluciones electorales que así lo permiten

 

[1] Más información en: https://decide.madrid.es/

[2] Las novedades planteadas para el eje de la participación son (fuente: https://decide.madrid.es/participation): I.1. Propuestas ciudadanas; I.2. Presupuestos participativos; I.3. Legislacion colaborativa; I.4. Co-gobierno ciudadano; I.5. Participación sectorial; I.6. Inclusión, neutralidad y privacidad; y I.7. Innovación social

Bibliografía y webgrafía

  • BENKLER, Yochai, (2006), The Wealth of Nations: How Social Production Transforms Markets and Freedom”. Yale University Press
  • GARCÍA R., Javier (2015), Sobre la necesidad de reformar la Constitución. Artículo de El País. Recuperado de: http://elpais.com/elpais/2014/12/29/opinion/1419871652_608021.html
  • IBÁÑEZ, Pablo (2013), Firmas no equivalen a leyes. Artículo de El País. Recuperado de: http://politica.elpais.com/politica/2013/02/11/actualidad/1360615214_035551.html
  • DA SILVEIRA, Pablo (2001), Cambio tecnológico y representación ciudadana: ¿es deseable la democracia electrónica?, en Laura Gioscia (ed.): Ciudadanía en tránsito. Montevideo, Banda Oriental/Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República,pp.189-207.

Internet, democracia y desarrollo humano

¿Democracia es sinónimo de bienestar?

En absoluto. En India, la democracia más grande del mundo, el 80% de la población —una cantidad de personas ligeramente superior a la población conjunta de EEUU y la UE expandida— vive con menos de dos dólares al día, el analfabetismo entre los adultos es del 39% y el 47% de los niños de menos de cinco años está por debajo del peso que le corresponde. En Sudáfrica, la democracia más rica de África, un niño al nacer tiene un 45% de probabilidades de morir antes de cumplir cuarenta años. Y estos dos países no son ni mucho menos los que peor están.

 

¿Cómo afectará al desarrollo humano Internet y la producción de información social no mercantil? muy poco. Las hambrunas, las enfermedades y las estratificaciones profundamente arraigadas en función de la raza, la etnia o la clase no se resolverán mediante un sistema de producción de información no privativo.

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El Desarrollo Humano. Informe 2014

El primer Informe sobre Desarrollo Humano data de 1990 y surgió como una iniciativa para medir una amplia gama de factores que hacen que la existencia sea vivible y, en última instancia, atractiva. Este informe se desarrolló en contraposición a los indicadores centrados en los resultados económicos, como el Producto Interior Bruto (PIB), o en el simple crecimiento económico, con el fin de proporcionar una idea más precisa de los aspectos económicos y sociales que hacen que una nación sea más o menos vivible. Junto a ello, el informe permite un enfoque más rico de la mejora de las condiciones de vida en todo el mundo. Como señalaba Sen, la gente de China, Kerala (India) y Sri Lanka llevan vidas más largas y saludables que la de países con una renta per cápita superior, como Brasil o Sudáfrica. El Informe sobre Desarrollo Humano mide una amplia gama de resultados y características de la vida, y el principal índice compuesto que elabora es el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El IDH trata de reflejar la capacidad de la gente de llevar vidas largas y saludables, así como de acceder a los conocimientos y recursos materiales suficientes para procurarse un nivel de vida decente. Esta tarea la efectúa combinando tres parámetros fundamentales:

 

 

Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Vulnerabilidad y resiliencia.

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El PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que abarca 177 países y territorios, nos invita a reflexionar sobre una realidad: las crisis (económicas, sociales…) están y seguirán. Es cierto que los datos arrojan una mejora en los indicadores en el desarrollo humano. Sin embargo, el informe 2014: “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” indica que:

[…] se argumenta a favor de la necesidad de mejorar de manera sostenible las capacidades de los individuos y las sociedades con el fin de reducir estas vulnerabilidades persistentes, muchas de ellas estructurales y ligadas al ciclo de vida. El progreso debe centrarse en el fomento de la resiliencia del desarrollo humano. Aunque existe un amplio debate acerca del significado de resiliencia, nuestro énfasis se centra en la resiliencia humana, que busca garantizar la solidez de las opciones, actuales y futuras, de las personas y su capacidad para lidiar y adaptarse a acontecimientos adversos.

 

La esperanza radica en que estas “fatalidades no son inevitables”. De ahí la importancia en escrutar estas dos ideas: reducir las vulnerabilidades y reforzar la resiliencia. Según el informe “el concepto de vulnerabilidad se utiliza para describir la exposición al riesgo y la gestión del mismo, incluidos el asegurarse contra un acontecimiento adverso y la diversificación de los activos e ingresos”. Finalmente determinan que vulnerabilidad sería la “posibilidad de deterioro de las capacidades y opciones de las personas”.

 

Más resiliencia

 

Habida cuenta de que en el mundo van a continuar las crisis, además de una menor exposición a las mismas (vulnerabilidad) es necesario trabajar por aumentar nuestra resistencia. De esta manera hay que reforzar sistemas que garanticen los derechos y la libertad de las personas.

El propio informe destaca:

El bienestar de las personas se ve influenciado en gran medida por las libertades con las que cuentan y por su capacidad de hacer frente a los acontecimientos adversos, ya sean de origen natural o humano, así como de recuperarse de ellos. La construcción de resiliencia subyace a cualquiera de los enfoques relativos a la seguridad y sostenibilidad del desarrollo humano. En esencia, la resiliencia consiste en garantizar que el Estado, la comunidad y las instituciones mundiales trabajen para empoderar y proteger a las personas. El desarrollo humano implica eliminar las barreras que impiden que las personas tengan libertad a la hora de actuar. Consiste en permitir que los grupos desfavorecidos y excluidos ejerzan sus derechos, expresen sus preocupaciones abiertamente, que se les escuche y que pasen a ser agentes activos que puedan definir su propio destino. Se trata de tener la libertar de vivir la vida que uno considera valiosa y de enfrentar sus circunstancias de manera adecuada.

 

Desarrollo humano y tecnología

 

En los últimos quince años no ha habido un informe que maridara la tecnología con el desarrollo. Tenemos que rescatar el Informe “Desarrollo Humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano”. En él se analiza la explosión de las TIC y la mundialización que a la sazón ya se asumía como un factor consolidado. Las redes estaban plenamente implantadas y con una conectividad realmente funcional.

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¿Cómo puede ayudar la tecnología al desarrollo humano?

 

El propio informe destaca la importancia de las TIC en la inclusión y alfabetización de los pueblos. Pone el ejemplo de la India:

[…]En la India, por ejemplo, hay dos aspectos del desarrollo encaminado a controlar la tecnología de la información. Uno es el comienzo de la conectividad de Internet en aldeas rurales aisladas, permitiendo tener acceso a compartir información esencial sobre meteorología, salud y cultivos. Pero el segundo es la formación de agrupaciones económicas regionales basadas en la tecnología de la información a medida que la demanda de personal especializado de empresas nuevas y exitosas impulsa la apertura de nuevas universidades y la rápida expansión de un extenso sector secundario de servicios. En otras palabras, la tecnología misma ha pasado a ser una fuente de crecimiento económico. Si bien es innegable que muchas de las maravillas de la alta tecnología que asombran al Norte rico son inapropiadas para el Sur pobre, no es menos cierto que la investigación del desarrollo acerca de los problemas concretos de los pobres –desde la lucha contra las enfermedades hasta la educación a distancia– han demostrado una y otra vez la forma en que la tecnología puede ser no sólo una recompensa del desarrollo exitoso, sino además un instrumento fundamental para lograrlo.

 

Sin embargo, lo anterior no está exento de riesgos inherentes a la trepidante velocidad con la que cambian las tecnologías. Efectivamente, los pueblos menos favorecidos tienen más probabilidades de descolgarse de este mundo interconectado. Otro factor de riesgo es la diversidad de países y territorios. Esto dificulta poder tomar una política común ya que “cada pueblo debe desarrollar su propia estrategia” de acuerdo a su especificidad.

 

El Desarrollo Humano. Informe 2015

Está previsto que el informe se publique el 14 de diciembre de 2015

 

Bibliografía y webgrafía

Causas de la producción social

¿Por qué la gente produce información social? ¿Qué ha sucedido para que haya surgido esta explosión informativa a través de los medios digitales? ¿Cómo puede ordenarse sin una jerarquía o normas que lo guíen?

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Distingo dos categorías de causas: meritocráticas y económicas.

1. Causas meritocráticas.

Muchas veces, se critican los modelos de producción social aduciendo que no existe un liderazgo claro (parece que que no hay normas ni jerarquía formal). Esto podría ser superficialmente cierto pero no soporta un análisis más riguroso. Cualquiera que haya participado en proyectos de software libre, por ejemplo, habrá percibido que sí existe un liderazgo y unas normas fruto del respeto profesional. De manera natural, surgen líderes que, debido a su experiencia, formación y dedicación, ocupan el liderazgo. Asimismo, emergen normas de coordinación y cooperación que son socialmente consensuadas y no formalmente impuestas. En este sentido, Benkler indica que existe “el reconocimiento mutuo por parte de la mayoría de participantes”. Veamos a continuación las causas económicas:

2. Causas Económicas

Distinguo tres subcausas: a) El insumo tiene coste marginal cero. Efectivamente, la información se considera un bien no rival, infinitamente consumible. La información es gratuita, no cuesta producirla en comparación con producir un coche, por ejemplo; y b) plataformas de creación y difusión de información a bajo coste. Ciertamente, podemos distinguir tres estadios en la creación y difusión de la información en función de su coste: 1) pre-Guttenberg. Previo a la imprenta y a la revolución industrial. El coste era máximo: pensemos en producir diez mil copias de la Biblia mediante el esfuerzo de escribanos y copistas; 2) Post revolución industrial. La industria de producción en cadena supuso un punto de inflexión abaratando los costes enormemente. Esta situación, que se mantuvo durante siglos, provocó un mayor acceso a la cultura y, consiguientemente, tambaleó las estructuras de poder de algunos estamentos (que protegían su poder basándose en el control de la apropiación de la cultura). En todo caso, este segundo estadio fue anecdótico en comparación con la incorporación de las tecnologías de la información; 3) Sociedad digital. La segunda mitad del siglo XX supuso el arranque de una nueva disciplina del saber: la informática. De origen matemático-físico, es indudable que ha conseguido su propio status en el corpus gnoseológico del mundo académico. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han ido evolucionando hasta alcanzar una madurez suficiente para marcar una nueva era: la sociedad en red. Sostengo que ya es en el siglo XXI cuando podemos clamar que el mundo es globalizado. Si en los años 90’s, se podía acceder a internet con un módem de 14.400 bits/s hoy en día, podemos ver varias ofertas en el mercado para acceder con fibra con una banda de bajada de 200Mb/s, es decir catorcemil veces más rápido (circunscribiéndonos siempre a un ámbito doméstico).

 

Referencias:

¿Internet mejora la democracia?

Existe una corriente de pensamiento que sostiene que Internet y su capacidad para dar voz a quien antes no podía ayudará a establecer una sociedad más democrática. ¿Es cierto? Pretendemos no quedarnos en una mera repetición de ideas superficiales sino explorar “un poco más allá” para conformarnos una opinión mejor formada.

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A continuación vamos a ver algunas características a favor y en contra:

Internet NO mejora la democracia

  • Objeción de Babel: Este argumento trata sobre la sobrecarga informativa que existe en Internet: si todos pueden hablar, nadie escucha. Benkler sostiene como fundamental contraargumento el llamado Orden digital. Según dicho orden, no existe sobrecarga de información ni fragmentación de información. Lo defiende por la existencia de proyectos ordenados como: Open Directory Project, MoveOn.Org. En mi opinión, sí que existe tal caos. La propia estructura reticular tiende al caos más que una arbórea en la que existe un nodo padre e hijos, nietos y así conformando un único camino entre dos nodos cualesquiera. La existencia de proyectos ordenados no es suficiente para extender a la totalidad de la red de redes la misma armonía. Antes al contrario, existe mucha basura informativa que opaca lo real.
  • Asimetría de atención. Existen sitios que acaparan el mayor porcentaje de atención quedando el resto casi desapercibidos mermándose la ventaja del “mayor desarrollo personal”. Por ejemplo, a pesar de que existen multitud de blogs, páginas de Facebook, webs de difusión personales… Es una realidad que los medios tradicionales también procuran copar las redes atrapando en su telaraña sus seguidores en el formato papel. En resumen, es indiscutible que grandes medios de comunicación como “Elmundo.es” o “elpais.com” concentran un gran número de visitas. En contra de esta tesis, Yochai Benkler sostiene que es una Falacia comparativa: no se puede comparar la realidad con una Internet utópica sino frente a la situación anterior en las que los medios tradicionales cooptaban el sistema de producción informativa en donde: a) se recogía un sector interesado de la sociedad; b) se manipulaba la información y, como consecuencia c) se podía orientar el foco hacia lo superficial. En mi opinión, ciertamente con internet mejora la democratización de la información al empoderar al ciudadano con mayor acceso a las noticias y a las tecnologías. Sin embargo, no hay que ser ingenuo tecnológico y dar por hecho una hiperdemocratización al adoptar el fenómeno de Internet.
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Internet SÍ mejora la democracia

  • Acreditación no mercantil (p.18). Muchos movimientos en la Red se agrupan por intereses, temáticas comunes… conformándose sitios de mayor envergadura al referenciarse unos a otros. Cuando una persona produce un tipo de información, existe una suerte de “revisión por pares” formada por expertos o simplemente personas afines que van promocionando o no dicha información. Si uno llega a ser muy visible ha sido gracias a una criba previa y a haber sido apoyado por comunidades de intereses afines. De esta manera la visibilidad implica una mención y acreditación previa muy diferente de la que ocurría con los medios tradicionales en los que la visibilidad era reflejo, en buena medida, de una contraprestación económica.
  • Cultura más participativa, crítica y autorreflexiva. (p. 21). El mayor acceso a la información y a la cultura en general produce ciudadanos más críticos. También, apoyándose en las TIC, los individuos no sólo son mejores consumidores sino también productores de información. Este cóctel de mayor participación desemboca en que, en la misma línea de la “acreditación no mercantil”, emerge una mayor reflexión y crítica sobre la cultura. Por ejemplo, atendiendo a los medios tradicionales, cuando se lanzaba el estreno de una nueva película, existía una poderosa batería de medios privados que bombardeaban en los medios transmitiendo una única idea, la suya. Hoy en día, se mantiene en buena medida pero una persona puede también entrar en foros, blogs especializados, donde distintos expertos o comunidades de intereses afines aportan su visión. Incluso puedes observar opiniones de ciudadanos que ya han visto la película y valoran distintos aspectos. Está claro que la publicidad de los medios tradicionales se diluye a favor de una mayor participación ciudadana

 

Referencias:

 

¿Qué es la información?

La palabra “Información” nos rodea en cualquier ámbito. Estamos oyendo permanentemente frases como: “Vivimos en una Sociedad de la Información…”; “la información es poder”; “Hay que proteger la propiedad intelectual”; “hay que poner a disposición pública la información”… Veamos algunas características.

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La información es:

  • Un bien “no rival”, el consumo por una persona no resta su disposición a ser consumida por otro (no así con una manzana). Es decir, millones de personas pueden estar consumiendo información en una noticia en un periódico online y no se acaba nunca.
  • Un bien “público” en tanto que el mercado privado no lo produciría atendiendo a su coste marginal, que es cero. Por tanto, el Estado artificialmente regula unos procedimientos para que el autor de una obra, por ejemplo, pueda tener un rédito económico mediante los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Se penaliza esta ineficiencia estática (en un momento dado) al producir bienes ineficientes por un bien mejor: dicho autor volverá a escribir otra obra más adelante. En general se fomenta la creatividad y la innovación. Esta infrautilización de la información fue defendida por Kenneth Arrow en 1962.
  • Insumo y producto. Toda producción informativa necesita, a su vez, de fuentes de los que alimentarse. Por ejemplo, la elaboración de una tesis se nutre de una bibliografía previa que hacen de insumo. No sólo eso, la producción humana tiene tres insumos:
    • La información y cultura preexistente, como se acaba de indicar
    • Los mecanismos de comunicación de la información. De la industrialización a la era de las redes, el coste ha caído dramáticamente.
    • El capital humano: La inteligencia y experiencia humana que es capaz de ofrecer la imaginación y el esfuerzo para producirla.

Según lo anterior, queda más que justificado que el capital humano es el recurso más valioso y por lo que está cobrando, cada vez, mayor protagonismo. La información tiene coste cero y, con Internet, los costes asociados a la propagación de la información decrecen paulatinamente. Además, se produce un fenómeno catalizador no sólo en términos monetarios sino técnicos. A pesar de que Internet es cada vez más complejo, se están desarrollando sitios web muy sencillos de implementar. Los blogs son un claro ejemplo (ver ¿Por qué un Blog? La tecnología es más compleja pero más sencilla).

 

Motivación y participación social

¿Qué es lo que motiva a la gente a participar en los movimientos sociales a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, periódicos on-line…)?

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La motivación, según Benkler (2006), tiene que ver con una visión utilitarista. Acercándonos o alejándonos de aquello que nos resulte positivo o negativo (p. 101). Según Edward Deci, el hombre se basa en tres motivaciones[1]: intrínsecas, extrínsecas y afectivas. Benkler únicamente destaca las dos primeras. Las motivaciones extrínsecas tendrían que ver con recompensas monetarias (o amenazas) por realizar (o no) una tarea. Por el contrario, las motivaciones intrínsecas nacerían del interior del individuo de acuerdo a su escala de valores y su propia reflexión libre sobre lo que hay que hacer. Deci subraya que, partiendo de que todos tenemos una cierta idea de qué debemos hacer, guiarnos por las motivaciones extrínsecas interfiere en nuestra autoestima dado que nos desvía, a sabiendas, del recto camino. En mi opinión, esta premisa no está legítimamente validada. No tenemos claro qué tenemos que hacer, de hecho, por ello debemos deliberar sobre los medios para conseguir los fines, como diría Aristóteles en el libro III de la Ética Nicomáquea. El estagirita da por hecho la existencia de una responsabilidad moral que tiene que ver con la toma de decisiones voluntarias: la elección es un acto voluntario deliberativo. ¿Qué es la deliberación? Sería una suerte de investigación en un ámbito impreciso (sobre lo preciso no se delibera) sobre los medios (sobre los fines no se delibera) que están en nuestro poder para conseguir algo alcanzable. No toda investigación es deliberación (ejemplo, las matemáticas). Por tanto, asumir la premisa que sostiene Deci acerca de que todo individuo tiene una noción de lo que “debería hacer” es, al menos, susceptible de ser aceptada con algunas reservas. Volviendo a las tesis de Deci, las teorías de capital social[2] desarrollada en las últimas décadas está poniendo en tela de juicio la clásica posición de “a más dinero, más actividad”

[1] Vera Lacárcel, José Antonio. Artículo: “Edward. L. Deci: Un pionero en el estudio de la motivación humana” USL < http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3678733.pdf >

[2] Destacando los sociólogos mark Granovetter, James Coleman y Nan Lin, entre otros

 

Referencias: