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La Administración digital en la era de la economía del dato

(Puedes leer también este artículo en la revista MuyComputerPro así como otros contenidos muy interesantes sobre tecnología)

La información es poder y, hoy en día, está en manos de los ciudadanos. En efecto, la revolución informática de los últimos cincuenta años y, en particular, de las últimas décadas ha supuesto un antes y un después en el acceso a la información. Cuando antaño solo unos pocos eran valedores de poder acceder a la educación, actualmente, internet pone al alcance de un clic casi cualquier fuente de información. En este mundo globalizado caracterizado por una estructura reticular se está produciendo un fenómeno de democratización de la información pasándose de la posesión del dato al acceso al servicio, como destaca Jeremy Rifkin en su obra “La era del acceso”. Este fenómeno está teniendo consecuencias directas en la economía. Yochai Benckler, en su obra la “La riqueza de las redes” también menciona cómo la economía está volcándose hacia una concepción muy diferente a la manera tradicional. Las redes y la explotación de los datos sugieren una novedosa manera de generar riqueza. Este proceso está provocando que las Administraciones se estén modernizando tanto organizativa como normativamente. La era del Big Data, el Internet de las Cosas y el desarrollo del llamado Data Science obliga al desarrollo de unas nuevas políticas públicas que se adapten al nuevo orden mundial, eminentemente tecnológico.

El presente texto se dividirá en tres bloques. El primero versará sobre el contexto global y económico en el que en engloba la nueva sociedad de la información. El segundo bloque ahondará en lo anterior detallando cuáles son algunos de los retos y oportunidades más destacables. Finalmente, el tercer bloque continuará el hilo conductor mediante la expresión de las políticas públicas en España y en la UE más representativas.

Se comienza, pues, el primer bloque, la economía de los datos.  Como se ha introducido, la globalización de marcada tendencia abierta, a pesar de tener detractores y seguidores (mundialistas) ofrece una nueva manera de organizar los datos y de conectarlos. Algunos autores, como Santiago Niño Becerra, incluso habla de una sociedad Post-global en la que ya se da por hecho la fase inicial de conectividad. Las Administraciones, en su afán de ofrecer servicios de máxima calidad han ido evolucionando desde la Burocracia, pasando por la Nueva gestión pública, hasta llegar a la Gobernanza al incorporar las TIC en un seno. Una de las corrientes más novedosas es la tendencia hacia un gobierno abierto donde los datos estén al alcance de los ciudadanos. Esto tiene dos patas fundamentales: la transparencia y, a buen seguro, la economía a través del principio de eficiencia.

La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, supone una revolución en tanto que entiende que los datos son propiedad del ciudadano y no de las Administraciones. En este sentido, se desarrolla el portal de la Transparencia donde se publicita la información categorizada en tres patas: organizativa, jurídica y económica. Asimismo, se facilita el acceso a los datos el cual puede ser parcial o total sin mayor restricción que información sensible (defensa, seguridad nacional, etc.). La OTAI, oficina de Transparencia y Acceso a la Información, es la responsable del portal de transparencia. El Consejo de Buen Gobierno y Transparencia mediante su estatuto 919/2014 persigue la buena ejecución de esta norma. Otro aspecto del gobierno abierto relacionado íntimamente con la economía de los datos, es sin duda, la Reutilización de la Información del Sector Público. Ciertamente, el proyecto APORTA que desarrolla el portal datos.gob.es pone a disposición de cualquier interesado toda suerte de datos que pueden ser accedidos y explotados para un uso particular. De esta manera, se fomenta el emprendimiento y se facilita la economía de autónomos y empresas con capacidad de almacenar y minar la información mediante, por ejemplo, técnicas de DataWareHouse y Datamining.

Este marco de la economía del dato, en su de su vertiente de gobierno abierto, no está exenta de retos y oportunidades. Se comienza así el segundo bloque. La sociedad del conocimiento en la que nos hallamos ha cambiado sustancialmente la manera en que los ciudadanos se relacionan y consumen información. Según Javier Bustamante, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, el ciudadano es un prosumidor (una combinación natural entre productor y consumidor de información). Asimismo, vivimos en un entorno en el que los datos se encuentran en el estadio de la Web 2.0 de marcado acento colaboracionista. Wikis, blogs, webs personales, sindicación de contenidos, son algunos ejemplos de cómo los datos y la información se estructura en Internet. En este sentido, la siguiente evolución es la llamada Web 3.0 en la que se pretende ir hacia ontologías de la información más inteligentes. Así por ejemplo, mediante estas técnicas, es más sencillo explotar y particularizar información que pueda ser manipulada por empresas en el desarrollo de sus negocios. Ejemplos típicos son las webs de viajes, hoteles,  etc. donde la economía de las mismas se basa en la explotación y distribución de los datos mediante distintas tecnologías (cookies, etc).

Sin duda alguna, uno de los retos más importantes es que toda la sociedad pueda beneficiarse de esta economía del dato. Para ello, hay que minimizar la brecha digital mediante la alfabetización digital y la inclusión digital. Una mejor usabilidad y accesibilidad ayudarán enormemente a que todos los colectivos puedan acceder a los datos. Por otro lado, esta inmensa fuente de información alojada en Internet adolece de cierta organización y sobrecarga. Sin duda, la objeción de Babel va en esta línea poniendo de relieve la sobrecarga informativa y cognitiva. Es por ello, necesario un enorme esfuerzo en clasificar, metadatar y consensuar unos estándares para poder ofrecer la información.

Las Administraciones no son ajenas a estos retos y oportunidades y, en consecuencia, han ido desarrollando distintas políticas para aunar la sociedad del conocimiento y la tecnología. De esto tratará el tercer bloque.

Desde la Estrategia de Lisboa, pasando por las iniciativas eEurope 2002, 2005, i-2010, hasta la actual Europa 2020 han pretendido potenciar la sociedad de la información potenciando una economía sostenible mediante el buen uso de las TIC. Uno de los pilares fundamentales de Europa 2020 es la Agenda digital para Europa donde, entre sus medidas, se encuentra la economía digital. En este sentido, se ha desarrolla el Mercado único Digital y el índice DESI según el cual España se encuentra en la posición intermedia con 0,52 puntos sobre el total. Destaca en el desarrollo de los servicios públicos digitales (0,73 puntos) mientras que debe de hacer un mayor esfuerzo en la integración de la economía digital (0,34 puntos).

 

En España, las políticas públicas comenzaron con el plan Info XXi y siguieron con la comisión soto, el plan de impulso con 19 medidas, España.es (con sus vertientes Patrimonio.es, navegación.es, etc.), conecta.es y euroingenio 2010 (dividido en los ejes CENIT, CONSOLIDER y el plan AVANZA que tuvo su continuación en el plan AVANZA 2). Actualmente, la Agenda Digital para España destaca su preocupación por la economía digital y el buen uso de las TIC para explotar la información y los datos.

Las políticas públicas tienen su reflejo normativo en varias leyes de impulso al emprendimiento tales como la ley 11/2013 de estímulo al emprendimiento, la ley 14/2013 del emprendimiento y su internacionalización. En ella se promueven diferentes acciones para el impulso del emprendedor que, a buen seguro, podrá dinamizar su economía mediante el uso de las TIC en la explotación de los datos.

La Administración también está haciendo un esfuerzo en este marco de gobernanza digital desarrollando la Estrategia TIC mediante la transformación digital. El Real Decreto 806/2014 que desarrolla los principios y órganos de gobernanza digital apoyan los 14 servicios compartidos. Entre ellos se encuentra el desarrollo de la nube híbrida, un claro ejemplo del principio de eficiencia en el tratamiento del dato. La ley 39/2015 del procedimiento administrativo y la ley 40 /2015 del régimen jurídico del Sector Público conforman el marco normativo esencial en los que los principios de economía, eficiencia, transparencia y acceso a los datos son fuente de inspiración para todo el articulado.

En conclusión, Vivimos en una sociedad del conocimiento marcado por una nueva corriente de la economía del dato. Esta se nutre de los nuevos principios de accesibilidad y transparencia que están inmersos en las todas las políticas tanto europeas como españolas. Se ha detallado en el primer bloque los aspectos contextuales de la globalización y su reflejo en el gobierno abierto mediante la transparencia y la reutilización de datos del sector público. En el segundo bloque se ha continuado con los retos y oportunidades más relevantes que se encuadran en una sociedad con marcados desafíos relacionados con la brecha digital. Ciertamente, nuevos hábitos de relación y consumo se están produciendo en el entorno de la web 2.0 y 3.0 donde las empresas están desarrollando sus economías mediante el acceso, manipulación y explotación de los datos. Finalmente, el tercer bloque ha seguido el hilo conductor del texto desarrollando las políticas más significativas tanto a nivel europeo como nacional destacando la posición de España en el índice DESI así como encuadrando algunas de las normas más relevantes de las Administraciones en todo este marco global, social y económico.

 

 

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Protección institucional al ciudadano frente al abuso de las agencias inmobiliarias

¿Esta usted de acuerdo, como inquilino, en pagar una mensualidad a una agencia inmobiliaria cuando el servicio se lo presta al casero?

Aprovechando la plataforma DecideMadrid de participación ciudadana, he aprovechado para expresar, a mi juicio, una situación abusiva que vivimos los ciudadanos frente a una posición preferente por parte de las agencias inmobiliarias en el alquiler de vivienda.

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Esta es la propuesta.

Pongo a continuación el escrito en todo caso:

  • Introducción

Soy un ciudadano que lleva unos años viviendo de alquiler como tantas personas en Madrid (y en el resto de España). Creo que existe un abuso por parte de las agencias inmobiliarias que perjudica al ciudadano de manera generalizada y que este, individualmente, no puede hacer nada más que someterse. Por ello, veo la necesidad de una intervención institucional que suavice y equilibre la injusta situación actual que explicaré a continuación.

 

  • Consideraciones previas

Todas las personas y empresas tienen en el derecho legítimo de procurar emprender y mejorar sus proyectos personales y profesionales. Para ello, debe existir un escenario laboral en el que la regulación permita suficiente libertad para emprender actividades laborales y, simultáneamente, exista una protección institucional que impida que tal libertad degenere o produzca abusos en los derechos de las personas. Es difícil de alcanzar un equilibrio pero, al menos, todos estamos de acuerdo en este objetivo. Una prueba de ello es la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Mi propuesta no tiene tanto que ver con el equilibrio entre arrendador y arrendatario sino con la posición preferente de mercado de las agencias inmobiliarias frente al ciudadano en el mercado del alquiler de la vivienda.

 

  • Objeto del abuso

En la actualidad, la inmensa mayoría de las viviendas de alquiler se publicitan a través de grandes portales como “idealista” o “fotocasa”. Cualquier ciudadano que realice una búsqueda de una vivienda, encontrará que, aproximadamente, un 90 % de la oferta es a través de agencias inmobiliarias. ¿Cuál es el problema? Las condiciones para formalizar un contrato implican, en la inmensa mayoría de las veces, pagar una mensualidad a la agencia. Cuando he preguntado a varias de ellas por qué hay que pagarlas, las respuestas han sido del estilo de (cito literalmente): “por el servicio prestado”,  “gastos de comisión”, “honorarios de agencia”, “de algo tenemos que vivir”, “así es como está establecido en Madrid…”, etc.

En realidad, ¿a quién realizan las agencias inmobiliarias el supuesto servicio? En mi opinión, al arrendador ya que este delega en la agencia algunas tareas tales como: enseñar el piso, valorar el perfil del potencial inquilino, confeccionar el contrato, etc. En cambio, ¿qué servicio presta la agencia al ciudadano que aspira a vivir de alquiler? Ninguno. O, mejor dicho, ninguno adicional al que de manera natural (y gratuita, obviamente) le serviría el casero. Es decir, al inquilino, por ejemplo,  le da igual que le enseñe el piso el casero o la agencia; le da igual que el contrato se lo pase el casero o la agencia, etc.

En definitiva, el inquilino, además de pagar las mensualidades y fianzas correspondientes que ya suponen un desembolso muy alto, se encuentra en la surrealista situación de tener que pagar una mensualidad más —importes nada desdeñables como 700€, 800€…— a la agencia por un servicio que esta le presta, eminentemente, al casero. Si este mismo inquilino hubiera tratado directamente con el arrendador, se ahorraría este mal trago injustificado.

Si lo anterior lo hiciera una agencia inmobiliaria particular, a buen seguro, cerraría ya que nadie, en su sano juicio tendría a bien regalar su dinero. Quizás no cerrara si cobrara el servicio al casero, lo cual tiene mucho más sentido ya que es a él, como se ha explicado más arriba, a quien se le presta un verdadero servicio.

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¿Por qué se produce una situación de abuso? Sorprendentemente, esta práctica (cobrar al inquilino una mensualidad) se ha extendido hasta tal punto que las agencias inmobiliarias han cooptado casi la totalidad de oferta en el mercado. No hay más que hacer una simple búsqueda para advertirlo. Con lo cual, ante la (casi) inexistencia oferta de particulares agravada por la necesidad de una vivienda, el ciudadano acaba por someterse a esta abusiva obligación fáctica si quiere aspirar a una vivienda de alquiler.

 

  • Necesidad de ayuda institucional para equilibrar una situación injusta para el ciudadano

Los ciudadanos que buscan alquiler están en esta situación poco tiempo lo cual dificulta enormemente una coordinación, entre ellos, que pudiera encarar la anterior situación. Esto no va a cambiar pues es inherente a la temporalidad de la tarea de buscar casa. Por ello, es imprescindible que los poderes públicos acudan en ayuda de sus ciudadanos no para beneficiarles sino para equilibrar una situación que, a todas luces, es abusiva.

Si un buen gobierno tiene entre sus objetivos el interés social, esta sería una oportunidad sencilla de llevar a término, ética y razonable. Asimismo, ayudaría a dinamizar mucho más el mercado inmobiliario.

 

  • Propuesta

Intervención del Ayuntamiento en equilibrar esta situación abusiva para el ciudadano (por ejemplo, impidiendo que se cobre al inquilino o fomentando que se cobre al casero… Me consta que en otras partes de España [Galicia…] así es)

Presente y futuro de la universidad digital

¿Qué es la universidad digital?

logo_uned

Es bien conocida la aparición de varias universidades a que, apoyándose en las tecnologías, se han podido nutrir de alumnos a distancia. Una de las pioneras en este sentido fue la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creándose en la década de los años 70. Con la emergencia y consolidación de las redes tecnológicas, otras universidades han surgido también en el mundo académico español adapatadas total o parcialmente.

 

Ejemplos de universidades digitales

Un extracto de algunas de ellas podemos encontrarla en la página de altillo:

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
Universitat de Barcelona Virtual (IL3)
Universidad Virtual de Salamanca (USAL)
Universidad de Sevilla (US)

Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Granada (CEVUG)
Universidad Carlos III de Madrid
Instituto Universitario de Posgrado (IUP)
Universidad de Cádiz (UCA)
Universidad de Cantabria (UNICAN)
Universidad de La Rioja (UNIRIOJA)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat de Valencia (UV)
Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Universitat Jaume I (UJI)

¿Hacia dónde se dirige la universidad digital?

El profesor J. Francisco Álvarez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UNED, ha coordinado el trabajo Gobierno electrónico y gobernanza en el Sistema Universitario Español, con el equipo de investigacion formado por:

Luis Álvarez Álvarez (ULPGC)
Eduardo Bustos Guadaño (UNED)
Miranda del Corral de Felipe (UNED)
Daniel Domínguez Figaredo (UNED)
Roberto Feltrero Oreja (UNED)
Inés Gil Jaurena (UNED)
María Jiménez Buedo (UNED)
David Teira Serrano (UNED)
Luis Vega Reñón (UNED)
Jesús Zamora Bonilla (UNED)

En dicho trabajo, se alcanzan algunas conclusiones sumamente interesantes, entre las que se encuentran:

  • Si no se ofrecen nuevos servicios, posibilitados por las “nuevas” tecnologías,
    posiblemente no se podrán ofrecer ni siquiera los tradicionales de manera
    más efectiva.
  • Las dificultades para un buen funcionamiento de la administración
    electrónica no se reducen a un problema de ineficiencia tecnológica, en la
    mayor parte de los casos reflejan una inadecuada comprensión de la
    transformación del marco sociotécnico y su incidencia en la conformación de
    las relaciones ciudadanos-administración.
  • La generalización y expansión del uso de las TICs, en prácticamente todos
    los procesos vinculados a los fines y objetivos de la universidad, plantea
    problemas muy serios de gobernanza del sistema.
  • El desarrollo de formas de gobierno abierto, en la línea del proyecto
    MyUniversity, que hoy permiten fácilmente las tecnologías disponibles
    constituyen una oportunidad excelente para avanzar en el gobierno
    universitario con las TI.
  • La expansión de formas participativas, abiertas y sociales, en línea con las
    propuestas de gobierno 2.0, son una condición para la gobernanza de las
    universidades en la era digital.
  • La atención a las e-compentencias, expresión de las necesidades formativas,
    educativas, culturales y conductuales de una sociedad emergente, se
    convierten en una tarea decisiva para poder construir la universidad digital.
  • Desarrollar formas de incorporación de gobierno abierto y participativo,
    disponibilidad en abierto de toda la documentación, sesiones, reuniones de los órganos de la universidad, sería una tarea a impulsar desde los equipos de gobierno.
  • El reconocimiento de las actividades online como formas de acción normal y
    cotidiana ayudarían, incluso más que el exclusivo voto electrónico, a la
    conversión necesaria de la universidad digital.
  • La actual transformación de las TI en auténticos suministros y servicios
    (commodities) que están disponibles para realizar las actividades que sean
    precisas, exige romper con el modelo de sostener unos completos servicios
    TIC internos a cada universidad. Construir un campus físico no significa que
    las universidades deban confiar para esa tarea en sus escuelas de
    arquitectura o de ingeniería. La construcción del campus de la universidad
    digital no tiene que apoyarse exclusivamente en los propios equipos TI de
    las universidades.

 

¿Universidad digital abierta?

El profesor Álvarez sostiene que el paradigma de universidad tradicional, aunque modernizada tecnológicamente, está obsoleto. La producción social del conocimiento tiene que ser más abierto y los esfuerzos deben dirigirse a la gestión de capital intelectual y no tanto en la gestión de infraestructuras tecnológicas propias. Desarrolla esta y otras ideas en el sugerente vídeo “Francisco Álvarez(UNED):OpenData y Google académico como índice reputación“.

 

Fuentes:

Álvarez, J.F.; Álvarez, L.; Domínguez, D. y Kiczkowski, A. (2011). Gobierno electrónico y gobernanza en el Sistema Universitario Español. Madrid, Ministerio de Educación de España (Informe final, Programa de Estudios y Análisis, EA-2010-0147).

 

 

 

Madrid: democracia y transparencia

Tradicionalmente la esfera pública ha sido terreno cooptado por un conjunto de agentes legítimamente designados (circunscribiéndonos a las democracias actuales) a través de la delegación del poder del pueblo a los representantes políticos. Estos tendrían una acción directa en la formación del gobierno correspondiente y otra más indirecta En su vertiente más administrativa mediante el aparato institucional del que se sirva el poder público. Benkler (2007) denomina esfera pública como el “conjunto de prácticas que los miembros de una sociedad usan para comunicase acerca de asuntos que consideran de interés público y que demandan potencialmente la acción o el reconocimiento colectivos”. La modernización de las Administraciones Públicas al incorporar las TIC a sus procedimientos está configurando un nuevo paradigma de interacción.

Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net

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¿Cómo influye Internet en la esfera pública? Este espacio que parecía restringido exclusivamente a los mencionados agentes, se despliega permitiendo la entrada a la participación de los individuos. Se produce un empoderamiento que se materializa a través de la mayor actividad ciudadana en foros, en chats, en los medios de comunicación digitales (comentando artículos, por ejemplo), compartiendo su opinión en las redes sociales, difundiendo su conocimiento e inquietudes mediante blogs… Habermas define la “esfera pública” como una red para comunicar información y puntos de vista. Esta definición es algo vaga pues pretende abarcar cualquier esfera pública desde una autoritaria (con un control férreo de las redes y de la información) hasta una democracia plenamente consolidada.

¿Qué características debería de poseer una esfera pública digital deseable? Apoyándonos en Benkler (2006), distinguimos las siguientes: a) Inclusión universal. Todo ciudadano que tenga inquietudes sobre la cosa pública debería poder ser escuchado. Evidentemente, en una población habrá tantas opiniones como individuos y el gobierno no puede dedicar su tiempo a escuchar cada petición. Para salvar este escollo Benkler (2006) habla de la necesidad de un b) filtrado de lo que es importante para la comunidad. Distingue entre dos tipos de filtrado: de relevancia política y de acreditación. El primero iría encaminado a evaluar qué es interesante colectivamente mientras que el segundo se referiría a analizar si algo merece la pena en sí mismo. Por ejemplo, la propuesta “quiero que el Estado me revise mi declaración de la renta” es un asunto que si bien implica a la Administración pública, no es relevante desde un punto de vista global. En cambio, la propuesta “quiero que las pensiones suban un 500%” sí que influye directamente a un conjunto muy importante de ciudadanos de la misma comunidad pero, por otra parte, no parece una afirmación que se tenga que considerar por su relevancia. El problema radicaría en cómo articular estos mecanismos que permitieran tanto la recogida de propuestas como el filtrado. Benkler no incide más en este aspecto. Hoy en día existen multitud de iniciativas para lo primero. Una de ellas es “Madrid Decide[1], una plataforma desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid y puesta a disposición de los ciudadanos en 2015. Consta de tres ejes principales: participación, transparencia y datos abiertos. Sobre el primer eje, la participación, están planeadas siete novedades entre las que se encuentra “Propuestas ciudadanas” que consta de cuatro pasos: a) debates. Se diseña un espacio donde cada ciudadano puede abrir un hilo donde plantear sus inquietudes. Cualquier otro ciudadano o trabajador del ayuntamiento podrá intervenir al mismo nivel; b) propuestas. Serán planteadas por los propios ciudadanos empadronados en Madrid, previa autenticación en la plataforma. Para que tenga algún efecto, la propuesta tendrá que tener un apoyo del 2% del censo (en torno a 53.000 madrileños). En palabras de Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, exigir cifras de participación superiores (5% – 10%) está comprobado empíricamente que es demasiado pues la dificultad que supone recabar tantos apoyos desincentiva la participación ciudadana ya que muy pocas propuestas pueden llegar a cristalizar. Una vez que se ha alcanzado este quorum mínimo, un grupo de trabajo ad hoc del Ayuntamiento revisa la propuesta y, si lo considera oportuno, la pone a disposición de los ciudadanos para ser votada. Para esta última fase se dispondrá de 12 meses; c) toma de decisiones. Los madrileños decidirán a través de su voto si efectivamente quieren que se lleve a término o no una determinada propuesta; y d) ejecución. Si una propuesta es aceptada mayoritariamente, el “Ayuntamiento la asume como propia y la hace”. A esta iniciativa (I.1 Propuestas ciudadanas) le acompañan otras seis más (aún por desarrollar) [2]:

madrid decide

I.2. Presupuestos participativos. Parte del presupuesto de inversión del Ayuntamiento (el que no está comprometido ya con necesidades básicas como pueden ser los servicios sociales o las emergencias), será reservado para ser decidido su uso por la ciudadanía. La gente hará propuestas, se tasarán las más apoyadas, y luego los ciudadanos decidirán en cuáles de esos proyectos priorizar el presupuesto reservado.

I.3. Legislacion colaborativa. A través de diferentes fases de participación, la ciudadanía tendrá un papel fundamental colaborando directamente en la elaboración de las propuestas, reglamentos, decretos o cualquier otro tipo de trabajo político desarrollado por el gobierno municipal. Una participación real desde el principio al fin del proceso legislativo, desde decidir los expertos en la materia hasta revisar el texto final.

I.4. Co-gobierno ciudadano. Mediante este sistema la ciudadanía podrá decidir las líneas prioritarias de actuación del Ayuntamiento a medio plazo.

I.5. Participación sectorial. La participación ciudadana se va a tratar de manera transversal en todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento, afectando a todos los procesos que se lleven a cabo. Un ejemplo de esto es el proceso de auditoría ciudadana de la deuda, que llevaremos a cabo con el Área de Gobierno de Economía y Hacienda.

I.6. Inclusión, neutralidad y privacidad. Una de las misiones principales del área será velar por la inclusión de todo el mundo en los procesos participativos, para que todas las voces y voluntades formen parte de ellos y no se quede nadie fuera. Para ello, desarrollaremos una mesa de inclusión a la que invitaremos a todos los expertos, colectivos y asociaciones que trabajen con colectivos excluidos, para diseñar las maneras adecuadas de superar estas brechas. La protección de la participación se complementará con la protección de la neutralidad y privacidad en todos los procesos, para asegurar su legitimidad y confianza.

I.7. Innovación social. Pretendemos crear un entorno que movilice la inteligencia colectiva existente en favor de una ciudad más hospitalaria e inclusiva. Espacios donde la sociedad se hable y piense con la administración, con la convicción de que son los ciudadanos quienes mejor conocen sus problemas, y es en lo colectivo donde están los expertos que pueden hallar las soluciones.

Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net

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Además de las dos características anteriores, inclusión universal y filtrado, una esfera pública digital deseable debe contar, en palabras de Benkler (2006) de una c) “síntesis de la opinión pública” y de una d) “independencia del control estatal”. En cuanto a la primera, en efecto es necesario que si hay muchas propuestas que traten de temas parecidos se pueda realizar un cierto proceso de debate electrónico donde se vaya puliendo una negociación colectiva que cristalice en una propuesta única. Si no, sería inmanejable. Benkler ya es consciente de lo “espinoso” que resulta llevarlo a cabo y simplemente apunta algunas concepciones que podrían guiar este proceso: Habermas preferiría en una “deliberación sin coerción”; Ackerman “solo admitiría argumentos formulados de modo que resulten neutrales con respecto a las distintas concepciones del bien”; John Rawls defendería negociaciones que alcanzaran una posición coherente… En mi opinión, si bien es una gestión espinosa, no es imposible.

Debemos seguir trabajando en una mayor democracia participativa como defiende Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid:

Es menester facilitar el ejercicio de la función de control y de las comisiones de investigación e impedir abusos en el recurso a los decretos leyes. Así como fortalecer algunas técnicas de democracia participativa como la iniciativa legislativa popular. Los ciudadanos deben poder elegir a otros ciudadanos y no sólo confiar a ciegas en listas de partidos políticos, al tiempo que una sociedad tan plural como la española requiere de unas adecuadas dosis de proporcionalidad en la representación; y existen soluciones electorales que así lo permiten

 

[1] Más información en: https://decide.madrid.es/

[2] Las novedades planteadas para el eje de la participación son (fuente: https://decide.madrid.es/participation): I.1. Propuestas ciudadanas; I.2. Presupuestos participativos; I.3. Legislacion colaborativa; I.4. Co-gobierno ciudadano; I.5. Participación sectorial; I.6. Inclusión, neutralidad y privacidad; y I.7. Innovación social

Bibliografía y webgrafía

  • BENKLER, Yochai, (2006), The Wealth of Nations: How Social Production Transforms Markets and Freedom”. Yale University Press
  • GARCÍA R., Javier (2015), Sobre la necesidad de reformar la Constitución. Artículo de El País. Recuperado de: http://elpais.com/elpais/2014/12/29/opinion/1419871652_608021.html
  • IBÁÑEZ, Pablo (2013), Firmas no equivalen a leyes. Artículo de El País. Recuperado de: http://politica.elpais.com/politica/2013/02/11/actualidad/1360615214_035551.html
  • DA SILVEIRA, Pablo (2001), Cambio tecnológico y representación ciudadana: ¿es deseable la democracia electrónica?, en Laura Gioscia (ed.): Ciudadanía en tránsito. Montevideo, Banda Oriental/Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República,pp.189-207.