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La dinamización del mercado de trabajo y la Administración autonómica digital

(Puedes leer también este artículo en la revista MuyComputerPro así como otros relacionados con la transformación digital y, en general, sobre tecnología)

España se ha consolidado en un Estado social y democrático de derecho como así se consagra en su Carta Magna. Desde un punto organizativo, partiendo de una distinción teórica entre estados unitarios y compuestos, podríamos considerar el caso español englobado en los segundos. Ha evolucionado hacia un estado autonómico diferenciado del resto de sistemas federales como podrían ser el caso alemán o el italiano, de marcada asimetría. Este marco organizativo debe estar en consonancia con los recursos que dispone un Estado para poder ser gobernado de la mejor manera. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde la economía en red toma un papel excepcional y las comunicaciones entre todos los actores que participan exigen transparencia y cooperación. La economía sufre una fragmentación debido a los muchos ecosistemas diferentes que ha de acometer y que, a buen seguro, le resta eficiencia y emprendimiento. Es por ello esencial un marco normativo que acometa este reto de manera óptima.

Según la propia Constitución en su artículo 2, España se basa en la indisoluble unidad de la nación española, patria indivisible reconociéndose las nacionalidades y regiones que se integran. La Constitución, a su vez, dedica un título específico a la Organización Territorial. Allí se recogen como entidades propias a los municipios, provincias y las comunidades autonómicas que se constituyan. Este deliberado enfoque aperturista ha dado lugar a 17 comunidades autónomas muy heterogéneas. El estatuto de autonomía es la norma de más alto rango que indica la denominación, las delimitaciones, las instituciones y las competencias que se asumen. La organización administrativa autonómica ha podido encontrar inspiración en la estructura de la Administración General del Estado. De esta manera, se encuentran asambleas legislativas, tribunales superiores de justicias y consejerías para llevar a cabo el poder ejecutivo. Las competencias que pueden ser asumidas vienen recogidas en el artículo 148 de la Constitución Española destacando, por su capital importancia, la sanidad y la educación. El artículo 149 marca una imposibilidad por parte de las autonomías para poder asumir ciertas competencias que son exclusivas del Estado como por ejemplo, la defensa, seguridad nacional, legislación básica, etc.

Las comunidades autónomas para el ejercicio de sus competencias deben de gestionar sus recursos con eficacia y racionalidad económica. Al ser los recursos finitos, es normal que surjan conflictos de intereses entre regiones vecinas. Esto desencadena una fragmentación en los mercados que, a buen seguro, merma el emprendimiento y la dinamización de la economía en su conjunto. En un momento de crisis económica en el que estamos, es aún más necesaria la garantía de unidad de mercado.

El crecimiento económico producido desde 1999 al 2007 debido, en gran parte, al boom inmobiliario y a la excedencia en el crédito llevó a España a una tasa mínima de paro del 8,4%. La explosión de la burbuja ha desencadenado una destrucción de empleo llegando a una tasa máxima del 27,3%. Las políticas económicas que se pusieron en marcha fueron, esencialmente, de dos tipos. En un primer momento, de corte keynesiano (líneas de crédito ICO, Plan E…). En un segundo momento, se tomaron políticas de austeridad promoviendo la simplificación y la reducción del gasto. Es de destacar, el plan CORA de Reforma Administrativa y la Oficina OPERA para el seguimiento de su ejecución. En este sentido, también se desarrollaron políticas específicas sobre el mercado de trabajo como por ejemplo la ley 35/2010 de medidas de reformas urgentes sobre el mercado de trabajo y la ley 3/2012 de medidas de reformas urgentes sobre el mercado laboral. Todas ellas con el objetivo de buscar un empleo estable, flexible y de protección al desempleado. Finalmente, es de destacar el Real Decreto 3/2015 del texto refundido de la ley de empleo donde se hace especial foco en el Sistema nacional de Empleo. Esta norma conjuga el estado autonómico y su impacto económico al desarrollar de manera cooperativa tanto al Servicio Estatal Público de Empleo como sus homólogos de sus comunidades autónomas. En este sentido, se persigue alinearse con la Estrategia Europea de Empleo desarrollándose la Estrategia de Activación Española de Empleo así como distintos Planes Anuales de política de empleo.

La garantía de mercado también tiene su reflejo en el ámbito supranacional. Así, siguiendo el plan Europa 2020 y la Agenda digital europea, se encuentra el Mercado único digital y el índice DESI. Según el informe ONTSI de 2015 “La Sociedad en RED”, España se encuentra en 0,52 puntos sobre 1. En particular, destaca en los servicios públicos digitales y se encuentra rezagado en la integración con la economía digital con 0,34 puntos.

España se encuentra en una situación económica marcada por un PIB de 1,1 billones y cuya deuda, debido a las políticas de endeudamiento, está prácticamente igualada. La comisión europea estima un déficit de un 3,4 % que es uno de los retos económicos a lograr inminentemente. Las políticas económicas del mercado de trabajo y dinamización de la economía y garantía de mercado están impactando en una cierta mejoría. Por ejemplo, el paro ha bajado a un 18,5 % y la prima de riesgo, de 638 puntos máximos, se encuentra en una horquilla de entre 100 y 150 puntos en los últimos dos años. En los índices IDH de desarrollo Humano y de Competitividad, se encuentra en el primer tercio en el conjunto de todos los países.

No debe olvidarse el papel que las TIC (tecnologías de la Información y las Comunicaciones) están teniendo en su papel vertebrador autonómico y dinamizador de la economía. Las leyes 39/2015 y 40/2015 sobre el procedimiento administrativo y el régimen jurídico de las Administraciones públicas suponen un antes y un después en este sentido. De esta manera, desarrollan instrumentos de cooperación entre las distintas administraciones racionalizando los gastos mediante el uso preferente de las TIC.

La dinamización de la economía en el Estado autonómico español no puede entenderse sin la ley 11/2013 de emprendimiento y estímulo del crecimiento. En ella, se fomenta la formación del emprendedor, la financiación y la lucha contra la morosidad. Asimismo, deberá de alinearse con la ley 14/2013 de emprendimiento e internacionalización. Ciertamente, es fundamental proteger al emprendedor mediante ayudas fiscales y financiando su proyecto mediante el impulso de la contratación pública. Asimismo, minimizar las cargas administrativas para la puesta en marcha de los proyectos en todo el territorio español tiene un impacto económico capital.

La libre circulación de bienes está recogida en la constitución en su artículo 139. En este sentido, es de destacar la directiva 2000/123CE de servicios y su reflejo nacional en la ley 17/2009. La ley 20/2013 pretende minimizar la fragmentación de mercados que existen en el estado autonómico actual bajo una premisa rigurosa: la cooperación y respeto a las autonomías. En este sentido, los principios rectores de la ley son: 1) eficacia para una racionalidad económica real; 2) transparencia. Es fundamental que haya claridad en los procesos para agilizarlos; 3) no discriminación entre operadores y 4) cooperación tanto inter administraciones como intraadministración. Asimismo, se crea el consejo de Garantía de Mercado para el seguimiento y buena ejecución de dicha ley.

En resumen, vivimos en un mundo globalizado donde la tendencia marcada desde Europa es la unidad de mercado. España se ha consolidado en un Estado Autonómico digital que se esfuerza para perseguir que la fragmentación económica existente se reduzca a favor de una dinamización de la economía. La crisis económica ha exigido medidas concretas de garantía de unidad de mercado basándose en la necesaria cooperación entre el Estado y las Autonomías. Las tecnologías de Información y las comunicaciones juegan un papel vertebrador en la consolidación de nueva Administración digital.

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